la urgencia de re-politizar

La resistencia pacífica -incluso canalizada mediante mecanismos de participación reconocidos constitucionalmente- es una alerta que deberían escuchar los gobiernos.  Esa alerta advierte que en las decisiones públicas y en las normas jurídicas que luego se producen para respaldarlas, hay algo que no va bien. 

Ese algo se refiere a la legitimidad de las medidas estatales. Ese algo es un parámetro que mide  la legitimidad en términos de afectación desproporcionada de derechos que la gente no está dispuesta a negociar. Derechos que se entienden conquistados y cuya estabilidad ha costado siglos de generaciones reivindicándolos y ejerciéndolos con terquedad.

Colombia ofrece un ejemplo interesante en el campo de las decisiones referentes al sector minero.energético.  La resistencia popular frente a algunos proyectos ha puesto en evidencia que la re-centralización de competencias que debían permanecer en la periferia desconoce gravemente el principio democrático.

Entre los casos que han interpelado al gobierno con más fuerza se encuentran el de las comunidades de Santurbán que se oponían a la minería en ese páramo, uno de los más ricos del país en recursos hídricos; o los de las consultas populares de Piedras-Tolima y Tauramena – Casanare, pueblos que decidieron en las urnas su rechazo a una actividad minera y a un proyecto de hidrocarburos respectivamente. 

En todos los casos la gente llama la atención sobre los impactos de las actividades extractivas sobre su forma de vida. En clave de garantías, la resistencia de estos pueblos se funda en la necesidad de defender, frente a decisiones del propio Estado, sus derechos al agua, a la seguridad alimentaria y a participar en las decisiones de las que depende su destino.  En clave social se trata de una llamada de atención definitiva acerca de la urgencia de re-politizar la economía y el derecho.

En la intersección de esas dos claves, la de las garantías y la política, se encuentra la reivindicación de los derechos como parámetro de control de las decisiones públicas. La recuperación de lo que ha sido el motor de la ciudadanía, la clave del ejercicio democrático y de la identidad del ciudadano como sujeto político que vigila y fiscaliza a aquél a quien  delegó el poder de gobernar para satisfacer sus necesidades e intereses.

Estos clamores populares buscan revertir la tendencia global que ha reducido todos los ámbitos de la vida social a asuntos técnicos en los que solamente pueden adoptar decisiones unos pocos con formación especializada.  Temas con incidencia tan directa en la vida de una población como los relacionados con el uso de la tierra han sido alejados de la ciudadanía tras el velo de la tecnocracia y el economicismo, desde donde se formulan preguntas que desestiman el papel de la ciudadanía: ¿pero cómo pretenden opinar sobre un asunto que no entienden? ¿Qué pueden decir sobre los beneficios o perjuicios de la minería si es imposible que accedan al conocimiento de asuntos técnicos como el del retorno de la renta minera? O ¿cómo pretenden legitimidad para decidir sobre modelos de desarrollo que ya están fundamentados en criterios macroeconómicos especializados?, o ¿cómo insisten en decidir sobre impactos ambientales que ya han sido calculados y serán manejados de acuerdo con ciencias como la ecología y técnicas complejas propias del derecho y la economía ambiental? 

Sobre ese tipo de cuestiones se ha vaciado la tarea democrática que define a la ciudadanía. Desde esas lógicas, no tiene contenido la labor ciudadana de controlar a los gobernantes para que su labor responda a los derechos y valores fundamentales de la Constitución, y no a criterios lejanos a la lógica democrática.
Los discursos y narrativas oficiales han terminado por presentar el ejercicio de la ciudadanía como si fuese un arma contra la seguridad jurídica de los grandes proyectos de desarrollo del país y, por lo tanto, en una manifestación ilegitima del poder de un pueblo enceguecido por su ignorancia y su poca visión de futuro.

Las consultas populares, las mingas indígenas y las demás manifestaciones de resistencia pacífica contra el extractivismo envían un mensaje común: la democracia es un sistema político y no tecnocrático, y el derecho de la ciudadanía a participar en las decisiones que afectan sus destinos no se reserva a una élite educada y con conocimientos altamente sofisticados, sino que es un derecho universal, reconocido a todos por igual, porque responde a preocupaciones políticas sobre la sostenibilidad de mundos diversos, adecuados histórica y culturalmente a realidades más constatables que las proyecciones teóricas o técnicas.

El debate que hay que dar en el país, con urgencia, debe visibilizar la incompatibilidad entre la tecnocracia -que niega el principio de igualdad en el derecho a participar efectivamente en las decisiones sobre los destinos ciudadanos-, y la democracia como sistema político -que se nutre de reglas de juego formales para la transparencia de las dinámicas públicas, pero también de reglas juego sustantivas que aseguran que el único norte y la última frontera para ejercicio de la función pública están determinados por los derechos constitucionales de las personas-.

Urge un debate sobre la necesidad de re-politizar la economía, uno que rescate la urgencia de que la ciudadanía recupere el control de las decisiones sobre los modelos económicos a los que sirven las actuaciones del poder público.  Y, urge también un debate acerca de la necesidad de re-politizar el derecho, que ha sido alejado de los principios sociales y  pro homine y, a cambio, obedece a lógicas ajenas a la finalidad que lo inspira.  

Los usos del Derecho que han permitido dar impulso a modelos económicos capaces de crecer a costa del bienestar cultural, del arraigo social y de patrimonio ecológico de las comunidades, están soportados en una regresión: la recuperación de la artificial necesidad de proteger a ultranza el principio de la seguridad jurídica de la inversión privada, el último bastión del liberalismo individualista.

El Derecho, como lo conocemos, ha sido la construcción social más importante en la historia de los últimos dos siglos, porque se pensó como instrumento capaz de ofrecer fórmulas para equilibrar las relaciones de desventaja, para evitar la dominación y asegurar libertad e igualdad en la vida en comunidad.  Pero los usos del Derecho al servicio del egoísmo alteran su esencia, porque lo reducen a las ecuaciones del economicismo y le niegan su naturaleza política. 

Si no hacemos caso a los llamados democráticos de las resistencias pacíficas, organizadas y hasta canalizadas en instrumentos constitucionales, si no re-politizamos la economía y el derecho que le sirve de escudo, asistiremos a los funerales de los que fueron nuestros sueños de futuro como comunidad. 

El sometimiento del Derecho a los mandatos del crecimiento económico-a-toda-costa, la enajenación de los poderes ciudadanos, la sumisión de las libertades y el gobierno antidemocrático de tecnócratas salvadores, constituirán, a cambio, nuestro único panorama.

Cuando sea ése el horizonte que veamos, entonces diremos: la minería fue el detonante.  La resistencia fue la alarma. Y la sordera, la condena.

They’re beating people on the streets (and I’m so lazy)

No one has nothing to eat (and I’m so lazy)

Nothing ever seems to change

All the stars have the same name

I would love to fix this world but I’m so lazy…

so lazy…

And I would write another verse but I’m so lazy

Life just can’t get any worse and I’m so lazy

Some may say ‘the end is near!’

But it’s only one more year.

And I would love to live in fear but I’m so lazy…

So hang out with me, we’ll watch the trees

and yawn ‘till dawn, and never sleep…

Just hang out with me, enjoy the breeze

we’ll make believe the whole world’s lazy,

so lazy, so lazy, yeah!

So hang out with me…

Though some may say ‘the end is near!’

It’s just the end of one more year…

Kevin Johansen

Guacamole